Un caso que ha generado indignación y repudio sacude a Colombia: una menor de edad fue entregada por sus propios padres a un prestamista del sistema “gota a gota” como garantía de pago y regresó semanas después embarazada.

El hecho fue expuesto por el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, durante un consejo de seguridad en el Atlántico, donde se alertó sobre el avance de redes criminales vinculadas a este sistema de préstamos ilegales.

Según lo informado, la menor fue entregada por un periodo de entre 30 y 60 días para saldar una deuda familiar. Tras ese tiempo, volvió a su hogar en estado de gestación, en un episodio que la autoridad calificó como “deleznable” y que ha conmocionado al país.

Aunque el caso aún no ha sido formalizado mediante una denuncia, ya es considerado por las autoridades como uno de los más graves, al evidenciar los extremos a los que pueden llegar estas redes que operan al margen de la ley.

El sistema “gota a gota” funciona mediante préstamos rápidos con intereses abusivos, acompañados de amenazas, coerción y violencia. En los últimos años, estas estructuras han evolucionado hacia formas más complejas de criminalidad, afectando principalmente a poblaciones vulnerables.

Tras la revelación del caso, el Gobierno anunció el despliegue de unidades especializadas, refuerzo de fuerzas del orden y la ampliación del sistema de videovigilancia en la región, como parte de las acciones para enfrentar estas organizaciones.

El caso no solo expone un delito, sino una realidad alarmante: la vulneración extrema de derechos en contextos donde la desesperación económica abre la puerta a redes criminales sin límites.