Arequipa respira el aire más contaminado del país en 2025, pero acciones de corrección son insuficientes: pese a los altos niveles de polución, las autoridades solo han aplicado medidas preventivas y aún no ejecutan sanciones contundentes contra una de las principales fuentes del problema.

Arequipa alcanzó 26.1 microgramos  (µg) por metro cúbico (m3) de partículas finas (PM2.5), según el Reporte Mundial de Calidad del Aire elaborado por IQAir, posicionándose por encima de Lima, que registró 18.5 µg/m³. 

Esta cifra supera cinco veces el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, fijado en 5 µg/m³, lo que enciende las alertas sobre el impacto en la salud de ciudadanos.

Este panorama convierte a la ciudad en el principal foco urbano de contaminación del Perú y una de las más afectadas de América Latina.

El deterioro ambiental también influyó en el ascenso del país en el ranking global de naciones con peor calidad del aire, pasando del puesto 58 al 40.

Entre las principales causas identificadas se encuentran las emisiones generadas en sectores como Quebrada Honda, la contaminación derivada de la quema de humus y la acumulación de residuos orgánicos. 

Frente a ello, la Subgerencia Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa realiza campañas de sensibilización enfocadas en el manejo de residuos orgánicos y reciclaje; sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para frenar el problema.

Uno de los obstáculos radica en la limitada capacidad de fiscalización. Según información de la propia subgerencia, no existe un trabajo articulado constante con la Policía para intervenir y sancionar casos vinculados a la contaminación por humus. 

Como resultado, solo se han emitido entre 20 y 30 actas preventivas orientadas a exhortar a quienes contribuyen al deterioro ambiental. Pese a la gravedad del escenario, no se sanciona por contaminación de humus. 

Desde inicios de 2025 solo se registran 26 sanciones de hasta 1 UIT relacionadas a contaminación ambiental e invasión de áreas verdes, lo que evidencia vacíos en la aplicación de medidas correctivas.

A esta situación se suma la falta de personal: únicamente dos fiscalizadores ambientales intentan supervisar y controlar infracciones en toda la jurisdicción, una cifra considerada insuficiente para atender la magnitud del problema.