El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Interior de Nicaragua, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, en coincidencia con el aniversario de las protestas antigubernamentales de la primavera de 2018.

“Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron a la creciente tiranía, corrupción y abusos del régimen. Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados posteriormente, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, por su participación en graves violaciones de los Derechos Humanos”, ha anuciado Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, en un comunicado.

Rubio ha precisado que esta medida se adopta en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026 (Div. F, PL 119-75), que faculta a la Casa Blanca para sancionar a ciudadanos extranjeros considerados responsables de vulneraciones graves de los Derechos Humanos, incluida la prohibición de entrada en territorio estadounidense.

La comunicación del Departamento de Estado recuerda la crisis abierta en Nicaragua en abril de 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles de Managua y de otras localidades para protestar contra una controvertida reforma de la seguridad social, movilizaciones que pronto derivaron en un clamor por la "democratización" del país.

En un intento por contener la contestación social, Daniel Ortega retiró la reforma y promovió un diálogo nacional que terminó fracasando ante su negativa a adelantar los comicios, mientras las elecciones presidenciales continúan fijadas para 2020.

La sanción, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, incluye la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y la restricción de visado, en aplicación de la legislación vigente de ese país. Según indicó, la decisión responde a la participación del funcionario en actos que vulneran la integridad de ciudadanos nicaragüenses.