La Contraloría General de la República alertó graves retrasos en la distribución de kits escolares destinados a estudiantes de colegios públicos en situación de vulnerabilidad, una situación que compromete el servicio educativo y pone en riesgo la utilidad de más de S/234 millones de recursos públicos invertidos. El hallazgo fue detectado durante un operativo de control inopinado al proceso de adquisición y entrega de materiales escolares ejecutado en el marco del control concurrente al Ministerio de la Producción.
La intervención fue encabezada por el contralor general César Aguilar Surichaqui y reveló que, al cierre del primer bimestre escolar, permanecían sin distribuir 448 875 kits escolares almacenados en depósitos del NEC Textil Confecciones, en Lurín, debido a la falta de presupuesto para contratar el servicio de transporte hacia las regiones. “Cada kit está conformado por polos escolares, buzos, cuadernos y mochilas destinados a beneficiar a la población estudiantil más vulnerable antes del inicio del año escolar 2026”, detalló la entidad.
El programa contemplaba la entrega de un 1 074 461 kits escolares para alumnos de primaria y secundaria de 18 336 instituciones educativas públicas ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza en 20 departamentos del país. Sin embargo, la demora afecta directamente a 7282 colegios de Cajamarca, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali, donde miles de estudiantes siguen esperando materiales que debieron llegar antes del inicio de clases.
Como antecedente, mediante el Decreto de Urgencia N.° 003-2024, el Gobierno autorizó una transferencia de hasta S/ 290 millones a favor del Ministerio de la Producción para concretar estas adquisiciones a través del Programa Nacional Compras a MYPErú. No obstante, el Informe de Control Concurrente N.° 008-2026-OCI/5301-SCC advierte fallas logísticas que ahora amenazan la efectividad del millonario programa estatal.
Este caso vuelve a poner bajo cuestionamiento la capacidad de gestión en programas públicos dirigidos a poblaciones vulnerables, especialmente en el sector educativo, donde los retrasos pueden afectar directamente el aprendizaje y las condiciones de miles de escolares. La Contraloría demandó acciones inmediatas para evitar que los recursos públicos pierdan utilidad mientras estudiantes continúan esperando ayuda esencial.
