El Ministerio Público logró que se dicte una condena de cinco años de prisión suspendida contra Pedro Toledo C., inspector de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno, por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función pública. El caso, que ha generado indignación en redes sociales, reveló cómo el funcionario habría solicitado dinero a una empresa para evitar una sanción administrativa derivada de una inspección laboral.

Según la investigación del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, el inspector exigió inicialmente S/6000 a representantes de la empresa Cetraminp S.A.C., monto que luego fue reducido a S/5000 tras diversas comunicaciones. “La condena fue obtenida mediante el mecanismo de terminación anticipada del proceso, al haber el imputado aceptado los cargos”, explicó el fiscal provincial William Otazú Pinto, quien lideró la investigación del caso.

El proceso se resolvió bajo la figura legal de terminación anticipada, mecanismo contemplado en el Código Procesal Penal que permite concluir un proceso cuando el investigado reconoce su responsabilidad, con control judicial de legalidad. En este contexto, la Fiscalía también había solicitado prisión preventiva, mientras que el Estado peruano, representado por la Sunafil, fue considerado como parte agraviada en el proceso.

El Ministerio Público destacó, mediante comunicado, que esta sentencia “reafirma el compromiso en la lucha contra la corrupción de funcionarios y la defensa de la legalidad”, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia y sanciones efectivas.