El exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, decidió cambiar por completo su estrategia legal y retiró de su defensa al abogado Elio Riera.
En su lugar, acreditó a tres nuevos representantes ante la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
La modificación ocurre en medio del pedido fiscal de 30 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
NUEVO EQUIPO. Según la disposición fiscal difundida en las últimas horas, Hurtado designó como nuevos abogados a William Paco Castillo Dávila, Nayeli Giufra Hurtado y Nayely Sócola Valverde.
Castillo Dávila es conocido por haber asumido anteriormente la defensa del fallecido expresidente Alberto Fujimori en casos mediáticos como el de los “diarios chicha”.
El documento fiscal señala: “Téngase por subrogado a todos los anteriores abogados del imputado Andrés Avelino Hurtado Grados”.
La salida de Elio Riera se produce pocos días después de que el Ministerio Público formalizara su acusación contra Hurtado, quien actualmente permanece en prisión preventiva en el penal de Lurigancho.
La Fiscalía sostiene que el exanimador habría integrado una presunta red de sobornos junto a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, vinculados a un supuesto tráfico ilegal de oro.
De acuerdo con la tesis fiscal, Hurtado habría intervenido para favorecer la liberación de 100 kilos de oro incautados a cambio de una comisión cercana al millón de dólares.
Además, enfrenta otra acusación relacionada con presuntas irregularidades en el trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho, quien renunció a la nacionalidad peruana para jugar en China. Por este caso, la Fiscalía solicitó una nueva condena de 4 años y 8 meses de prisión.
El Ministerio Público también pidió que Andrés Hurtado sea inhabilitado durante 20 años para ejercer cargos públicos y que pague millonarias multas por los presuntos delitos imputados.
Mientras tanto, Elizabeth Peralta afronta un pedido de 24 años de cárcel y permanece recluida en el penal de Chorrillos tras ser apartada preventivamente de su cargo por presuntamente cobrar comisiones ilegales para intervenir en el caso.
