Lo que nació como un ambicioso proyecto tecnológico para ampliar la señal del Canal Congreso terminó convertido en uno de los casos más cuestionados de presunta mala gestión en el Parlamento. Según reveló el programa Cuarto Poder, la compra e instalación de antenas satelitales impulsada en 2018 durante la presidencia del Congreso de Daniel Salaverry. 

El proyecto contemplaba una inversión pública superior a un millón 925 mil soles para transmitir las sesiones legislativas a nivel nacional e internacional mediante una moderna estación terrena satelital.

La empresa Río Pacífico S.A.C., encargada de ejecutar el proyecto, denunció que el Congreso aprobó especificaciones técnicas inviables para el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el centro histórico de Lima. 

El principal problema surgió con la antena parabólica de 7.3 metros que debía instalarse en la azotea del inmueble. “No era posible ni el tamaño, ni el peso, ni la instalación propiamente”, explicó Raúl Ubidia, gerente general de la compañía.

A ello se sumó la negativa del Ministerio de Cultura, que el 3 de junio de 2019 rechazó la licencia debido al impacto visual y estructural sobre una zona protegida por normas patrimoniales vinculadas a la Unesco.

La paralización del proyecto dejó equipos tecnológicos abandonados sobre el edificio congresal, estructuras que hasta hoy continúan visibles en la Plaza Bolívar. “Son chatarra, sí. ¿Y quién le devuelve el dinero a todos los peruanos?”, cuestionó el expresidente del Congreso Daniel Salaverry. 

Por su parte, Jorge Amorós, accionista de Río Pacífico, aseguró que durante años intentaron encontrar alternativas junto a funcionarios parlamentarios, incluso evaluando trasladar las antenas hacia Ancón o la avenida Argentina. Sin embargo, las propuestas implicaban mayores costos y nunca prosperaron. “Siete años que venimos luchando constantemente y no hemos visto voluntad de solución”, afirmó.

El conflicto escaló aún más cuando el Congreso resolvió el contrato en 2021 alegando incumplimientos de la empresa. La disputa terminó en un arbitraje favorable a Río Pacífico y posteriormente fue ratificada por el Poder Judicial en marzo de 2025, ordenando al Parlamento pagar la deuda pendiente. 

No obstante, según la compañía, el Legislativo todavía no cumple completamente con la sentencia. “Estamos viendo la posibilidad del embargo de las cuentas del Congreso porque nadie quiere responder”, advirtió Jorge Amorós. 

Mientras tanto, el Parlamento sostiene que algunas pretensiones económicas de la empresa fueron rechazadas y que también existen penalidades por supuestos retrasos contractuales.