La Comisión de Justicia del Congreso evitó que avance una disposición que habría permitido el cese de la procuradora general del Estado, María Caruajulca, al retirar del dictamen de reforma de la Procuraduría General del Estado (PGE) una medida que planteaba renovar por completo el Consejo Directivo de la institución.
Durante la sesión del 20 de mayo, el Congreso debatió un dictamen para reformar profundamente la Procuraduría General del Estado. Entre los cambios figuraba una disposición complementaria transitoria que obligaba a renovar el Consejo Directivo en un plazo de 30 días hábiles, lo que implicaba que el Poder Ejecutivo designara a un nuevo procurador general del Estado.
Sin embargo, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, solicitó retirar la medida argumentando una supuesta afectación a la seguridad jurídica.
“El cese de funcionarios del Ejecutivo a través de proyecto de ley generaría un precedente negativo y afectaría nuestra seguridad jurídica”, sostuvo.
Asimismo, se remarcaba que las reposiciones judiciales de Daniel Soria y María Caruajulca no reiniciaban el plazo legal, sino que solo restauraban derechos previamente vulnerados.
Pese a ello, el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, optó por retirar la disposición y allanarse al pedido de Muñante, lo que en la práctica permitió la continuidad de Caruajulca al frente de la institución.
La controversia crece debido a que el mismo Congreso aprobó anteriormente la Ley 31520, que cesó a integrantes del Consejo Directivo de Sunedu, contradiciendo ahora el argumento de no afectar mandatos vigentes.
