La Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene listo el predictamen que propone derogar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma clave para la reestructuración financiera de Petroperú. La iniciativa, que será debatida este martes 5 de mayo, busca excluir a la empresa estatal de los procesos de promoción de la inversión privada y frenar los cambios impulsados por el Ejecutivo. Según el documento, el objetivo central es “evitar la privatización” y fortalecer la soberanía energética del país.

El texto agrupa más de una docena de proyectos de ley presentados entre enero y febrero de 2026 por diversas bancadas, los cuales cuestionan el alcance del decreto. En esencia, se propone dejar sin efecto las medidas extraordinarias que permitían la reorganización patrimonial de la compañía y declarar nulos contratos, convenios y actos administrativos derivados de la norma. 

Además, se plantea restituir la Ley N.° 28244 para garantizar que Petroperú se mantenga como empresa estratégica bajo control estatal.

El predictamen también advierte que el decreto abría la puerta a la intervención de entidades como ProInversión en decisiones clave de la petrolera, lo que —según los legisladores— podría comprometer activos estratégicos como la refinería de Talara. 

En ese contexto, se sostiene que permitir estos mecanismos “pone en riesgo el control estatal sobre la cadena de valor del petróleo” y debilita la seguridad energética, especialmente en regiones donde la inversión privada es limitada.

Como antecedente, el debate se intensifica en medio de una crisis operativa en Petroperú. El expresidente de la empresa, Roger Arévalo, advirtió recientemente que sin una inyección de capital de 2000 millones de dólares, las refinerías podrían detener su producción. 

“Si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible”, alertó. En paralelo, el reciente nombramiento de Edmundo Lizarzaburu Bolaños —el cuarto en menos de tres meses— refleja la inestabilidad en la empresa, mientras el Congreso define si anula el decreto y redefine la estrategia estatal en el sector energético.