El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jorge Sumari, lanzó una dura crítica contra la reciente aprobación en primera instancia del dictamen que busca impedir el procesamiento de militares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época del terrorismo.
Según el letrado, el Parlamento está politizando la justicia al intentar imponer normas que contradicen el artículo 2 de la Carta Magna, referido a los derechos fundamentales, y vulneran los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano.
“El Congreso trata de imponer políticamente normas contra los derechos fundamentales y tratados internacionales”, sentenció Sumari.
El eje de la controversia es el proyecto de ley N.° 14337/2025-CR, el cual establece que los tratados sobre crímenes de lesa humanidad no tengan carácter retroactivo antes del 1 de julio de 2002.
Esta medida pretende que cualquier acusación por hechos ocurridos en las décadas de los 80 y 90 sea declarada prescrita, bajo el argumento de que dichos delitos no estaban tipificados en la ley nacional en ese momento.
Sin embargo, Sumari calificó esta postura como jurídicamente inadmisible, recordando que el Perú es parte de la Convención de Viena desde 1969, lo que permite que las atrocidades ocurridas entre 1980 y 2000 sigan siendo juzgadas sin que el tiempo sea una barrera.
Esta ofensiva legislativa surge como una respuesta directa a la resistencia de magistrados, como el juez Richard Concepción Carhuancho, quien se ha negado a aplicar normas que otorguen perdón a investigados por crímenes inhumanos.
Para el decano Sumari, esta insistencia no es más que una maniobra para quebrar la autonomía de los magistrados y priorizar una agenda política sobre los principios de justicia universal.
