El Despacho Presidencial, liderado por José María Balcázar, dispuso la asignación de vehículos oficiales de uso exclusivo para el titular de la PCM, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y el secretario general Alonso Tenorio Trigoso.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N.° 000038-2026-DP/SGDP, publicada el 25 de abril, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo de recursos del Estado y cambios recientes en la cúpula del Ejecutivo.

Según el documento oficial, la disposición se sustenta en la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026 y en la Directiva sobre administración vehicular, con el objetivo de garantizar un uso adecuado de los bienes estatales. “La administración, uso y asignación de la flota vehicular del Despacho Presidencial se sujeta a las disposiciones previstas en dicha normativa”, precisa la resolución, que también enfatiza que los vehículos deberán emplearse únicamente en actividades “estrictamente institucionales”.

La norma incluye además autorizaciones excepcionales para otros altos cargos, bajo criterios de seguridad y operatividad. “Responde a razones funcionales, operativas y de seguridad institucional”, detalla el texto, amparado en la legislación vigente que permite extender estos beneficios mediante resolución oficial. 

Sin embargo, se recalca que ningún funcionario podrá disponer de un vehículo para uso permanente, salvo autoridades en ejercicio, como parte de una política de austeridad y control.

Este ajuste normativo se produce en un escenario de inestabilidad dentro del Despacho Presidencial. El pasado 7 de marzo, José Luis Torrico Huerta renunció al cargo apenas dos semanas después de asumir funciones, lo que evidenció una alta rotación en puestos clave. 

Ese mismo día se oficializó la designación de Tenorio, quien ahora asume funciones en medio de nuevas medidas orientadas a reforzar la transparencia y eficiencia en la gestión pública.