El Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo N.º 005-2026-JUS, una norma que introduce cambios en el reglamento de la defensa jurídica del Estado y redefine el rol de los procuradores públicos en el Perú. La medida, alineada con la Ley N.º 31778, actualiza las reglas que rigen a los abogados del Estado sin crear un nuevo sistema. 

Según el documento, se busca “adecuar el reglamento a las disposiciones vigentes”, en un contexto de debate sobre la autonomía de instituciones clave.

El decreto establece que entidades como el Congreso, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos tendrán un rol directo en la selección de sus procuradores públicos. Esto implica que podrán conducir sus propios procesos de designación, aunque deberán cumplir con los requisitos legales establecidos. 

“La autonomía en la selección no elimina las condiciones que deben cumplir los postulantes”, precisa la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo enfatiza que estas instituciones no quedan fuera del sistema nacional de defensa jurídica, liderado por la Procuraduría General del Estado. En ese sentido, se mantiene un marco común que regula la actuación de todos los procuradores. 

Incluso, la designación formal seguirá dependiendo del Procurador General del Estado, quien también podrá disponer el cese “por las causas previstas en la ley y con aprobación del Consejo Directivo”.

Como antecedente, la reforma responde a cambios introducidos en el Decreto Legislativo 1326 mediante la Ley N.º 31778, que buscó reforzar la autonomía institucional en el país. Aun así, la Procuraduría General del Estado conserva un rol clave: coordinar, supervisar y establecer lineamientos para asegurar una defensa coherente y técnica del Estado, tanto a nivel nacional como internacional, en medio de crecientes desafíos legales.