El Gobierno de José Balcázar oficializó la compra de 31 045 pistolas calibre 9x19 mm para la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante la modalidad de encargo a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), pese a los cuestionamientos lanzados desde el Congreso por presuntos sobrecostos y demoras en la entrega del armamento.

La resolución fue firmada por el ministro del Interior, José Zapata Morante, y contempla además equipamiento táctico, capacitación internacional y la instalación de un centro técnico de mantenimiento.

La adquisición fue aprobada a través de la Resolución Ministerial N.º 0703-2026, que autoriza la compra bajo la modalidad de encargo y delega la formalización del contrato a la Oficina General de Administración y Finanzas del Mininter.

ARMAS. El paquete incluye miras ópticas, cargadores, fundas, repuestos y entrenamiento especializado para usuarios y armeros tanto en Perú como en Israel. El cronograma establece que las primeras 1500 pistolas serán entregadas en aproximadamente dos meses y medio.

El contrato también exige que las armas superen pruebas de aceptación en fábrica y controles de conformidad en territorio nacional a cargo de la PNP.

Además, se estableció una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del monto total y penalidades por retrasos. Según el Mininter, la operación es “viable y más ventajosa en términos económicos y de oportunidad”, argumento respaldado por informes técnicos internos.

Sin embargo, la compra se concretó en medio de fuertes críticas del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien cuestionó que el Gobierno optara por FAME luego de anularse la licitación internacional iniciada en 2025 por presuntas irregularidades.

El legislador recordó que la empresa Israel Weapon Industries (IWI) había ofertado el mismo modelo de pistola a 949 dólares por unidad, mientras que la propuesta vinculada a FAME elevaría el costo a 1049 dólares por arma.

“Aceptar un plazo de dos años para recibir pistolas es una negligencia que afectará la capacidad operativa de la PNP”, afirmó.

Los cuestionamientos también apuntan a la modalidad de contratación utilizada. Rospigliosi sostuvo que “la compra de material de guerra debe hacerse directamente al fabricante” y advirtió que la intermediación podría generar sobrecostos millonarios.

Desde el Mininter, en cambio, defendieron la decisión alegando que la Ley FAME permite este tipo de adquisiciones estratégicas y garantiza “trazabilidad y control” en el proceso de compra del armamento para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.