El partido Juntos por el Perú vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz nuevas revelaciones sobre la pérdida de libros de actas durante momentos críticos para la organización. Los documentos desaparecieron en tres ocasiones mientras estaban bajo responsabilidad de William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del líder político Roberto Sánchez. 

La controversia se produce en medio de investigaciones y denuncias relacionadas con presunto fraude administrativo, peculado y manejo irregular de fondos partidarios durante procesos electorales.

Uno de los episodios más cuestionados se remonta a las elecciones regionales y municipales de 2018, cuando militantes y precandidatos debían realizar depósitos económicos para participar en los comicios internos. Sin embargo, según exdirigentes del partido, el dinero no ingresaba a cuentas oficiales de la agrupación, sino a una cuenta personal de William Sánchez Palomino. 

El monto recaudado habría superado los 198 mil soles, aunque algunas estimaciones señalan que la cifra pudo acercarse al millón de soles a nivel nacional. “Su hermano fue facultado como presidente del comité y quien veía toda la documentación era él”, denunció el exdirigente Leandro Cerna en declaraciones a América TV.

Frente a las acusaciones, Roberto Sánchez defendió el manejo de los recursos y aseguró que el dinero fue utilizado para gastos internos del partido, como alquileres, viajes y materiales de campaña. “Ese reglamento fue aprobado y puesto en conocimiento de ONPE”, afirmó el dirigente al justificar el uso de una cuenta personal para recibir los aportes. 

No obstante, la posición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales contradice esta versión. “Todos los aportes deben ser declarados ante el ente electoral”, precisó Katiuska Valencia, quien recordó que la legislación exige transparencia en el financiamiento político.

La desaparición de los libros de actas también complicó denuncias de presuntas falsificaciones de firmas y registros sin consentimiento de militantes. Uno de los casos más graves fue el de Leonid Castillo Silva, quien aseguró haber sido inscrito como candidato al Congreso sin autorización mientras residía en Andorra. 

A estas acusaciones se suman investigaciones fiscales por presunto fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación indebida y colusión que alcanzan tanto a Roberto Sánchez como a su entorno familiar. 

Incluso, el fundador del partido, Yehude Simon, cuestionó el manejo económico de la agrupación al afirmar que “las cuentas nunca fueron transparentadas”. El caso continúa bajo investigación fiscal y mantiene bajo presión a la dirigencia de Juntos por el Perú en plena coyuntura electoral.