El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, recibió una advertencia formal sobre posibles actos de corrupción semanas antes de adjudicar un contrato clave para el traslado de material electoral.
Según un reportaje del programa Cuarto Poder, el 11 de febrero se remitió una carta alertando sobre riesgos en el proceso de licitación, en el que finalmente se otorgó la buena pro a la empresa Galaga por un monto cercano a los 2.3 millones de soles.
El documento, enviado por el consorcio competidor AFE, advertía sobre “una peligrosa asimetría por donde podría colarse la corrupción”, debido a que el proceso permitía conocer primero el puntaje técnico antes de presentar la oferta económica.
“Esta asimetría de información se presta a suspicacia o presuntos favorecimientos”, señalaba la misiva, que proponía transparentar el procedimiento con la entrega simultánea de propuestas, solicitud que no fue acogida por la entidad electoral.
Pese a estas alertas, Galaga obtuvo el contrato con una oferta que rozaba el presupuesto máximo establecido por la ONPE, tras alcanzar el puntaje perfecto en la evaluación técnica. La operación fue validada por la funcionaria Lilia Flores, quien también participó en la adjudicación de un segundo contrato por 6 millones de soles para el día de los comicios.
Este proceso ha sido cuestionado por especialistas como Marco Montoya, quien calificó el mecanismo como “atípico” y advirtió que “presentar primero la oferta técnica y luego la económica es una práctica ya desterrada en la contratación pública”.
Las irregularidades en el traslado del material electoral derivaron en retrasos, caos logístico y la extensión de la jornada de votación, lo que desencadenó una investigación fiscal por presunta colusión. En este contexto, Corvetto presentó su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia, presidida por María Teresa Cabrera.
Por su parte, la empresa Galaga rechazó las acusaciones y aseguró haber cumplido “estrictamente con las obligaciones establecidas”, exigiendo incluso disculpas públicas, mientras el proceso electoral continúa bajo escrutinio y con la atención puesta en la transparencia institucional.