La empresa Gálaga evalúa volver a competir en la licitación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el traslado de material electoral previsto para el próximo 7 de junio, en el marco de la segunda vuelta electoral. 

La compañía ya participó en la primera vuelta del 12 de abril, donde fue adjudicada para este servicio. “Queremos demostrar que podemos ganar este y cualquier proceso del Estado con transparencia”, afirmó su abogado Cristian Castillo.

El representante legal defendió la selección previa de la empresa y aseguró que respondió a criterios técnicos y logísticos exigidos por la ONPE. “Nosotros hemos ganado teniendo 70 vehículos propios y por ello obtuvimos el mayor puntaje”, sostuvo.

Castillo explicó que la capacidad de carga fue clave frente a otras empresas, ya que el proceso exigía unidades de al menos 10 metros cúbicos, requisito que —según indicó— no todos los competidores cumplían.

En cuanto a cuestionamientos sobre su historial, el abogado precisó que Gálaga no registra sanciones en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo que le permite seguir participando en procesos públicos. 

“En OSCE no tenemos ninguna sanción”, enfatizó, aunque reconoció la existencia de penalidades económicas en contratos anteriores con la ONPE, aclarando que estas no impiden legalmente postular a nuevas convocatorias. “Lo que sí impide contratar con el Estado son las sanciones”, añadió.

Sin embargo, especialistas advierten que los tiempos del proceso podrían complicar la adjudicación. El analista en gestión pública Martín D’Azevedo explicó que los procedimientos de contratación pueden tomar entre 45 y 90 días, lo que generaría dificultades considerando la cercanía de la jornada electoral.

“Los plazos administrativos representan un reto importante para garantizar un proceso transparente y eficiente”, señaló. En este contexto, la licitación se convierte en un tema clave para asegurar la logística y credibilidad de las elecciones en el Perú.