Inició el proceso de contratación del servicio de transporte de carga que será utilizado durante la segunda vuelta presidencial de 2026. La convocatoria busca asegurar el traslado del material electoral a nivel nacional, incluyendo el envío de implementos para el voto en el extranjero, la distribución hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y el repliegue de actas tras la jornada electoral. Las empresas interesadas podrán presentar observaciones y consultas técnicas hasta el 7 de mayo.

La nueva convocatoria surge luego de los problemas logísticos registrados durante las elecciones del pasado 12 de abril, cuando se reportaron retrasos en la entrega del material electoral. En aquella oportunidad, el servicio estuvo a cargo de la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., actualmente bajo investigación fiscal por presuntas irregularidades vinculadas a su contratación. El caso también involucra a funcionarios del organismo electoral, lo que ha incrementado la atención pública sobre los nuevos procesos de contratación de la ONPE.

Según los términos de referencia difundidos por la entidad, el operativo logístico requerirá una flota mínima estimada de 200 vehículos para cubrir 61 rutas terrestres y 8 rutas aéreas en distintas regiones del país. Además, se exigirá a las empresas contar con unidades de contingencia para responder ante emergencias o interrupciones en las vías nacionales. En Lima Metropolitana y el Callao también se desplegarán camionetas rurales adicionales para el traslado de material y personal electoral durante los días previos y posteriores a la votación.

La ONPE también abrió una convocatoria paralela para contratar el servicio de transporte destinado a talleres y capacitaciones electorales. Este plan contempla la distribución de equipos informáticos y material didáctico hacia las sedes de las ODPE en todo el país, tanto para la preparación del personal electoral como de los miembros de mesa. Entre las exigencias figura una flota mínima de 27 vehículos tipo furgón cerrado, además de controles de transparencia que incluyen la prohibición de afiliación política del personal y el uso obligatorio de sistemas GPS para el monitoreo en tiempo real de todas las unidades.