La Policía Nacional, a través de la Dirección Contra la Corrupción (Dircor), solicitó la detención preliminar por siete días del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como de otros funcionarios y representantes vinculados al proceso electoral.
La medida, de carácter cautelar, incluye también pedidos de allanamiento e incautación de viviendas, oficinas, vehículos, documentos y dispositivos digitales, con el objetivo de “evitar la manipulación de pruebas” en el marco de las investigaciones.
De acuerdo con el informe policial, los hechos no responderían a un simple error logístico, sino a una serie de decisiones cuestionables que habrían impactado directamente en el desarrollo de los comicios.
“Hubo una cadena de decisiones cuestionables”, señala el documento, que además advierte que estas acciones “afectaron el derecho al voto y el proceso electoral”, elevando la gravedad del caso.
Como antecedente, en los últimos días se reportaron irregularidades como la pérdida de actas electorales y fallas en el traslado de material, lo que ya había generado cuestionamientos a la transparencia del proceso.
En este contexto, la hipótesis de una posible articulación irregular cobra fuerza dentro de las líneas de investigación que siguen las autoridades.
