El juicio oral contra el congresista Edwin Martínez por presunto lavado de activos dio un giro clave luego de que el Juzgado Penal Colegiado de Arequipa, anunciará la posibilidad de cambiar acusación de lavado de activos por enriquecimiento ilícito. 

La decisión fue comunicada durante la audiencia pública, donde la magistrada Caterin Lozano, junto a los jueces Castro y Menegure, precisó que esta medida responde a una facultad legal prevista en el artículo 374 del Código Procesal Penal.
Según la tesis planteada por el tribunal, los hechos atribuidos a Martínez —quien fue alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar entre 2015 y 2018— podrían encajar en el delito de enriquecimiento ilícito.
 Se le imputa haber incrementado su patrimonio con la construcción de inmuebles de más de S/750 mil, montos que no coincidirían con sus ingresos declarados ante la Contraloría. 
Asimismo, se menciona la entrega de dinero a familiares y allegados, quienes también son procesados en calidad de presuntos cómplices.
La propuesta del colegiado generó un inmediato rechazo del Ministerio Público, que se opuso a la recalificación al considerar que no existe homogeneidad entre los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ya que protegen bienes jurídicos distintos.
La Fiscalía advirtió además que el juicio se encuentra en su etapa final, por lo que un cambio de este tipo podría afectar el derecho de defensa. 
Por su parte, la defensa del parlamentario cuestionó duramente la medida y presentó un recurso de reposición, alegando vulneración del debido proceso, falta de claridad sobre la pena aplicable y un posible perjuicio al principio de favorabilidad.
 “Estamos a puertas de cerrar el juicio y se pretende cambiar la imputación sin pruebas suficientes”, sostuvo uno de los abogados. 
Sin embargo, el tribunal declaró improcedente el recurso, argumentando que no se trata de una decisión definitiva ni genera un agravio irreparable. 
La audiencia fue reprogramada para el martes 5 de mayo a las 8:00 horas., fecha en la que las partes deberán fijar su posición final frente a la eventual modificación de la acusación.