La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, sostuvo una reunión con el exintegrante del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Jaime Miguel Cabrera Buleje, quien ha promovido denuncias de fraude electoral sin presentar pruebas. 

Según un informe del portal OjoPúblico, el encuentro se realizó el 23 de abril en el despacho de la magistrada, apenas dos días después de que la JNJ aceptara la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

De acuerdo con el registro oficial de visitas, la reunión tuvo una duración aproximada de una hora y se produjo en medio de investigaciones fiscales por presunta colusión agravada y omisión de funciones vinculadas a retrasos en centros de votación en Lima. 

El exmilitar aseguró que acudió para expresar respaldo a la decisión de la JNJ. “Quise decirle que actuó de acuerdo a ley. Ella me agradeció y me dijo que cumplió con sus funciones”, declaró, en un contexto en el que el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Corvetto por 18 meses.

El informe también revela antecedentes que generan cuestionamientos sobre la cercanía de la magistrada con actores políticos y empresariales. Una semana antes del encuentro, Cabrera Buleje participó en una movilización liderada por Rafael López Aliaga, donde se puso en duda la legitimidad de los comicios. 

“Yo salí a las calles para sensibilizar a los ciudadanos”, afirmó. Asimismo, se consigna que la titular de la JNJ recibió previamente a representantes vinculados a protestas políticas y a un personero de Podemos Perú, agrupación con la que mantuvo vínculos en el pasado.

En paralelo, la investigación señala que el abogado Jimmy Benites Tangoa, quien habría aportado a la campaña de Cabrera en 2020, obtuvo contratos por S/100 000 para su defensa en procesos fiscales luego archivados. “No hay inconveniente. El defendido elige personalmente a su abogado”, sostuvo el letrado. 

Pese a las consultas realizadas por el medio, los magistrados de la JNJ no respondieron, lo que incrementa la controversia y posiciona el caso como uno de los temas más debatidos sobre transparencia institucional y sistema electoral en Perú.